DICTADA POLITICA NACIONAL DE GLACIARES: ¿ES SUFICIENTE?

Una Buena noticia. El Consejo de Ministros de CONAMA aprobó el jueves 09 de abril (2009) la "Política Nacional de Glaciares", en un necesario y explicito avance para aumentar los niveles de protección de estas masas de agua dulce.(Ver en Conama). Según la Ministra Uriarte, "la aprobación de esta Política, y su posterior estrategia permitirán preservar y conservar los glaciares de Chile, que aportan el 80 por ciento del agua dulce de nuestro país. En nuestros glaciares se evidencia, por otra parte, los efectos de la actividad humana en el planeta expresados principalmente en el cambio climático".

Hasta hace menos de un año atrás, no había una explícita política de protección de estas masas de hielo. Hubo una iniciativa de ley impulsada tiempo atrás por el H. Senador Horvath, la que posteriormente no contó con el apoyo del Poder Ejecutivo, aunque si de diversas instituciones, tanto ambientalistas, académicas e incluso gubernamentales (Ver en "La Nación" resumen de las divergencias en torno a la necesidad de legislar). 

La estrategia gubernamental se focalizó, sin embargo, en medidas más pragmáticas y de corto plazo, lo que tiene por objeto, al parecer, precisamente lograr avances en tiempos menores a los que pueda demandar el trámite de un proyecto de ley. Destacan dos acciones concretas: la creación del "Registro de Glaciares", a cargo de la Dirección General de Aguas (MOP), que creó la "Unidad de Glaciología y Nieves (UGN)", el 30 de abril del 2008 y la modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La innovación incorporada al Reglamento del SEIA tiene por objeto que todos los proyectos que pretendan intervenir glaciares o lugares cercanos a ellos deben pasar por este sistema antes de iniciar cualquier obra. 

Con todo, si bien es un avance, y hay un mayor nivel de protección, la glaciología viene siendo un área clave no solo ambientalmente sino que desde una perspectiva estratégica. Aunque se puede avanzar con medidas como la anunciada -Política Nacional de Glaciares - Chile debe reimpulsar la protección jurídica que actualmente no existe. La Política es un conjunto de principios y objetivos que, plasmados en estrategias, persiguen organizar al Estado en forma coherente para su consecución. Pero no es una norma jurídica. La inclusión en el Reglamento del SEIA, por su parte, afecta a proyectos que por ley deben ser evaluados, mas no respecto de un enorme conjunto de actividades y acciones humanas que están lejos de tener el perfil de ingreso al sistema de evaluación y que podrían ir teniendo un acumulativo efecto adverso en estos ecosistemas. 

La necesidad de una "Ley de Protección de Glaciares" tiene que ver, a nuestro juicio, con establecer un conjunto de mandatos, restricciones y prohibiciones impuestas a cualquier persona, natural o jurídica, que se encuentre en el supuesto de la norma, con miras a una adecuada protección de estas reservas dulceacuícolas. Especial consideración debe tenerse, en esta materia, respecto del impacto que las actividades mineras pueden causar en los glaciares ubicados cerca de yacimientos cordilleranos, punto álgido que frenó la iniciativa legal comentada más atrás. 

Según la Ministra Uriarte "en la actualidad, a lo largo del territorio nacional, los glaciares registran retrocesos en su tamaño y espesor, lo que estaría evidenciando el impacto real del calentamiento global". Por este motivo, afirmó Uriarte, "los escenarios futuros de necesidad de agua, muestran una situación restrictiva de disponibilidad de recursos hídricos en la mayor parte del país. Esta situación llama la atención sobre la necesidad de proteger las fuentes y reservas naturales de agua como son los glaciares, para asegurar el requerimiento de los ecosistemas, de las actividades económicas y las necesidades humanas básicas" (*).

Este mensaje de la Sra. Ministra llama al propio Gobierno a fortalecer sus políticas ambientales a través de instrumentos legales. Con los méritos que tienen las acciones gubernamentales descritas, ellas no son suficientes. Se requiere retomar la senda regulatoria de rango legal. En este sentido, las iniciativas que se emprendan contarán con un creciente y amplio apoyo.

Sergio Praus

abogado